Los últimos sucesos de violencia producidos en Chota con la irreparable pérdida de vidas humanas nos advierten que estamos trajinando hacia un estado de mayor violencia y caos social. Y, un pueblo como Chota que con mucho esfuerzo y convicción pugna por dar un salto en su desarrollo podrá ver frustrada sus aspiraciones.
Hoy en día, la seguridad, la confianza y el principio de autoridad son factores de primer orden que condicionan y facilitan el desarrollo de los pueblos. En Chota, estos factores están amenazados. No se falta a la verdad cuando se asevera que garantizar tranquilidad, seguridad y justicia es obligación de autoridades políticas, municipales, judiciales y policiales puesto que sus facultades legalmente están estipuladas en las normas respectivas; además, porque también cuentan con los recursos logísticos básicos y autoridad para hacerlo. Sin embargo, las reiteradas y evidentes muestras de incompetencia, omisión en el cumplimiento de sus funciones y ausencia de políticas de concertación interinstitucional, lamentablemente están alentando y facilitando para que el caos se imponga y la impunidad abone en la multiplicación de todo tipo de delitos y niveles de gravedad. En la cuna de las rondas campesinas del Perú, esperamos no vernos envueltos en una próxima e indetenible espiral de violencia delictiva. Aún estamos a tiempo de poner el dedo sobre la llaga y volver a la calma, confianza y seguridad en Chota.
El pueblo ya se ha hecho escuchar y es urgente que las autoridades locales se “amarren bien los pantalones” y se pongan a trabajar empezando por reactivar y formalizar el funcionamiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana mediante la implementación de un Plan Operativo Preventivo de Seguridad, concertado y de involucramiento de las organizaciones sociales de base. Evitemos que la gente tome la justicia por sus propias manos. Son las mismas autoridades quienes deben y pueden hacerlo mediante su desempeño efectivo, transparente, justo y al servicio de los intereses de nuestro pueblo.
